La decisión del Presidente José Antonio Kast de mantener en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, abrió un nuevo flanco político para el Gobierno, en medio de los cuestionamientos por las rebajas de condenas concedidas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. La controversia ha generado críticas desde la oposición y sectores del oficialismo, mientras se evalúa una eventual acusación constitucional contra el secretario de Estado.
Aunque Rabat no milita en partidos políticos ni pertenecía al círculo histórico del Mandatario, durante los primeros meses de Gobierno se convirtió en una figura relevante en materias jurídicas y legislativas, con participación en asuntos que involucran a distintas carteras.
El lunes 26 de octubre, Kast ratificó su respaldo al ministro, pero reconoció que hubo un error en la gestión de las rebajas de condenas y anunció una revisión de los decretos. Asimismo, encargó a Rabat impulsar medidas para corregir la situación y avanzar en cambios legales.
Cuestionamientos dentro del oficialismo
La decisión presidencial no logró cerrar las diferencias al interior de las fuerzas que respaldan al Gobierno. Parlamentarios de Renovación Nacional y otros sectores oficialistas han cuestionado la continuidad del ministro y solicitado que deje el cargo.
Entre quienes han expresado reparos se encuentran la senadora María José Gatica y la diputada Claudia Mora. El senador Rojo Edwards también ha planteado públicamente la necesidad de su salida.
La controversia representa un desafío para el Ejecutivo, que debe responder a las críticas por los beneficios concedidos y definir cómo procederá con la revisión de las resoluciones.
Una sesión clave en la Cámara de Diputados
Este miércoles 28 de octubre, a las 15:00 horas, la Cámara de Diputadas y Diputados realizará una sesión especial para abordar las rebajas de condenas y solicitar explicaciones al Gobierno.
La oposición evalúa presentar una acusación constitucional contra Rabat, cuyos fundamentos jurídicos y viabilidad política continúan en análisis. La eventual iniciativa podría prolongar el conflicto y obligar a los parlamentarios a pronunciarse sobre la responsabilidad del ministro.
En paralelo, los diputados Luis Cuello y Juan Santana presentaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional contra Rabat y el subsecretario de Justicia, Luis Silva, por el presunto delito de prevaricación administrativa. La presentación deberá ser evaluada por el Ministerio Público y no constituye, por sí misma, una determinación de responsabilidad penal.
Los antecedentes de las rebajas
La polémica se originó tras conocerse que 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores recibieron rebajas de penas mediante decretos emitidos entre marzo y septiembre de 2026. Según los antecedentes difundidos, 27 de los beneficiados habían sido condenados por abuso sexual y 29 por violación.
El ministro ha defendido las decisiones argumentando que se fundamentaron en la legislación vigente y en criterios jurídicos relacionados con pronunciamientos de la Corte Suprema. Sin embargo, el alcance de esa interpretación y el procedimiento aplicado se han convertido en el centro de los cuestionamientos políticos.
Una investigación publicada por BioBioChile el 26 de octubre identificó a 33 de las personas beneficiadas y examinó sus antecedentes judiciales y penitenciarios. Según ese reportaje, los 33 condenados identificados se encontraban en libertad. De los decretos examinados, 22 fueron firmados por Rabat, diez por el subsecretario Luis Silva y uno por el subsecretario Pablo Mira.
El Gobierno anunció que revisará los decretos y que impulsará cambios legales para impedir que condenados por delitos sexuales contra menores accedan a este tipo de rebajas en el futuro.
La sesión parlamentaria de este miércoles será una instancia clave para conocer las explicaciones del Ejecutivo y determinar si la oposición avanza con una acusación constitucional. Mientras tanto, la continuidad del ministro y las responsabilidades asociadas a las decisiones adoptadas permanecen en el centro del debate político nacional.
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