Con el objetivo de aumentar la transparencia y fortalecer la protección al consumidor, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) ha implementado una nueva normativa que exige a todas las llamadas comerciales en Chile incluir un prefijo específico. A partir del miércoles 13 de agosto, las comunicaciones telefónicas deberán diferenciar su naturaleza, facilitando a los usuarios identificar el origen de cada llamada.
La medida establece dos nuevos prefijos obligatorios para las llamadas comerciales: el 600 se utilizará para las llamadas solicitadas previamente por el cliente, mientras que el 809 será destinado para las comunicaciones no solicitadas, como campañas de telemarketing o ventas.
Según David Iacobucci, Gerente General de Redvoiss, esta nueva regulación afecta directamente a las empresas que realizan campañas publicitarias telefónicas. “El plazo oficial para implementar los cambios venció el 7 de agosto de 2025, lo que implicó la adaptación de las centrales telefónicas y plataformas de llamadas automatizadas para diferenciar ambos tipos de comunicación”, explicó.
Iacobucci enfatizó que la adaptación a esta normativa va más allá del mero cumplimiento legal. “No se trata sólo de cumplir la ley, sino de construir relaciones más transparentes y efectivas con los clientes. Las compañías deben adaptarse a este cambio en un contexto de mercado con consumidores y clientes cada vez más exigentes”, agregó el ejecutivo.
Recomendaciones para las empresas y contexto legal
En este escenario, Redvoiss ha compartido una serie de recomendaciones prácticas para las empresas, entre las que se incluye revisar las políticas de privacidad y los mecanismos de captación de datos, verificar que las herramientas telefónicas soporten los nuevos prefijos y capacitar al personal en la gestión ética de la información.
Esta normativa se enmarca en un contexto de mayores exigencias legales en materia de protección de datos. Se suma a la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales, que entrará en vigencia en diciembre de 2026, y que introducirá nuevas exigencias como el consentimiento explícito para el uso de datos y sanciones económicas de hasta 20.000 UTM por cada incumplimiento.
