La solicitud fue impulsada por el diputado José Montalva y contempla oficiar al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, al Ministerio Público, a la Policía de Investigaciones (PDI) y a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI).
El objetivo es esclarecer si existieron denuncias previas que no recibieron respuesta oportuna, identificar los mecanismos disponibles para retirar este contenido de circulación y conocer las dificultades para preservar evidencia digital, además de eventuales vacíos legales que dificulten la protección de las víctimas.
Durante su intervención, Montalva planteó que la respuesta institucional debe ir más allá de la persecución penal de los responsables e incluir medidas que permitan frenar la difusión del material y resguardar a las personas afectadas. Asimismo, solicitó aclarar cómo se gestionaron las posibles denuncias previas y qué acciones adoptaron los organismos competentes.
Los hechos son investigados de oficio por el Ministerio Público. Una vez recibidos los antecedentes solicitados, la comisión evaluará la posibilidad de impulsar modificaciones legales para fortalecer la protección frente a la difusión no consentida de contenido íntimo, considerando también los antecedentes sobre la posible presencia de menores de edad entre las afectadas.