Tres años después de iniciarse el programa de fiscalización al fútbol femenino profesional, la Dirección del Trabajo (DT) entregó un balance que, pese a evidenciar avances en la formalización laboral, vuelve a poner sobre la mesa las marcadas desigualdades estructurales que enfrenta la disciplina en Chile.
Durante la tercera fiscalización nacional, realizada entre marzo y mayo de este año, la DT aplicó 58 multas por un total de $154.364.529 a los 32 clubes de la Liga Femenina y Ascenso. Las sanciones se suman a las de años anteriores, acumulando más de $563 millones desde el inicio del plan en 2023.
Si bien los equipos alcanzaron el 100% de contratación exigida por la Ley N°21.436, la fiscalización reveló graves deficiencias en higiene, seguridad y condiciones básicas de trabajo: camarines inadecuados, falta de baños diferenciados, ausencia de elementos de protección personal, y carencia de registros de asistencia y documentación laboral mínima. En algunos casos, los inspectores incluso suspendieron entrenamientos al constatar que las jugadoras no contaban con espacios dignos para cambiarse o ducharse.
La directora (s) del Trabajo, Carolina Campos, explicó que “progresivamente, la Dirección del Trabajo ha velado por el cumplimiento de la normativa laboral, previsional y de seguridad, aplicando sanciones oportunas que han obligado a los clubes a ajustarse a la ley. Sin embargo, la brecha con el fútbol masculino sigue siendo evidente y estructural”.
El contraste es claro: mientras el fútbol masculino cuenta con infraestructura profesional, salarios competitivos y estándares consolidados de bienestar, muchas jugadoras aún deben entrenar en canchas sin luz, compartir camarines o desplazarse sin apoyo logístico.
En 2023, cuando la ley exigía solo el 50% de formalización, las multas ascendieron a $225 millones; en 2024, con el 75%, bajaron a $184 millones; y este año, pese al cumplimiento total de los contratos, las infracciones aún alcanzaron más de $154 millones, reflejando que la formalización no ha sido suficiente para garantizar igualdad de condiciones.
La presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol (ANJUFF), Javiera Moreno, sostuvo que “este hito marca la apertura de una nueva etapa. Los resultados reflejan que, aunque alcanzamos el 100% de contratos, persisten desafíos en las condiciones de trabajo. Es fundamental que los clubes transformen las multas en inversión: en infraestructura, bienestar y desarrollo real del fútbol femenino”.
Moreno agregó que las diferencias salariales y de infraestructura no son solo un problema deportivo, sino una expresión de desigualdad de género arraigada en el sistema. “Las jugadoras necesitan condiciones dignas para rendir al máximo nivel, y el país necesita entender que profesionalizar no es solo firmar contratos, sino garantizar derechos”, enfatizó.
Entre las infracciones más reiteradas se detectaron la falta de camarines y duchas adecuadas, la no entrega de elementos de seguridad, registros de asistencia inexistentes y vulneraciones a derechos fundamentales, como diferencias injustificadas en remuneraciones.
El programa de fiscalización de la DT, que finaliza este año, deja como conclusión una doble lectura: Chile logró formalizar por completo a las jugadoras profesionales, pero sigue lejos de ofrecerles las mismas condiciones que a sus pares hombres. La deuda pendiente no es solo legal, sino cultural y estructural.