“No son favores, son derechos”: organizaciones piden políticas reales de inclusión

La Mesa de Discapacidad e Inclusión de la Comunidad de Organizaciones Solidarias criticó la falta de propuestas sobre accesibilidad y participación en el debate presidencial, recordando que el 17,6% de la población chilena vive con alguna discapacidad.

En plena carrera presidencial, la Mesa de Discapacidad e Inclusión de la Comunidad de Organizaciones Solidarias expresó su preocupación por la ausencia de propuestas concretas sobre inclusión y discapacidad en el debate político, especialmente en torno al proceso electoral.

“Llama la atención el silencio de los candidatos presidenciales sobre inclusión y discapacidad. Tampoco se ha puesto en discusión la cantidad de barreras que enfrentan las personas con discapacidad para desplazarse a votar, acceder al Servel o informarse sobre las propuestas de los candidatos”, señala la declaración pública emitida por la entidad.

Según el III Estudio Nacional de Discapacidad, una de cada seis personas en Chile —el 17,6% de la población— vive con alguna discapacidad. En tanto, Naciones Unidas estima que en países con una esperanza de vida superior a 70 años, las personas pasan en promedio ocho años con algún tipo de discapacidad.

Las organizaciones subrayan que no se trata de una minoría pequeña ni de un tema sectorial, sino de la minoría más grande del país, que debe tener participación plena en los procesos cívicos, educativos y laborales.

“El acceso a la educación, la inclusión laboral, el empleo protegido y la accesibilidad deben ser pilares de la política pública. No son favores ni temas secundarios: son obligaciones éticas, constitucionales y democráticas”, señala la misiva firmada por la Mesa de Discapacidad e Inclusión, integrada por Sofía Villavicencio (Fundación Luz), Basilio Belmar Rivas (Fundación Ronda) y Belén Huerta Venegas (Kosmo Inclusión).

Desde la comunidad de organizaciones se hizo un llamado a que los programas presidenciales incorporen medidas efectivas que garanticen el ejercicio del voto, la participación ciudadana plena y la autonomía de las personas con discapacidad, en coherencia con los compromisos internacionales suscritos por Chile.