El reciente atentado en Victoria, donde un trabajador de la CMPC fue asesinado y otro resultó herido de gravedad tras un ataque con armas de guerra, volvió a encender las críticas sobre la respuesta del Gobierno frente a la violencia en la Macrozona Sur.
La Multigremial de La Araucanía cuestionó duramente al ministro de Justicia, Luis Cordero, quien en entrevista radial reconoció que se trató de un acto terrorista, pero señaló que la aplicación de la Ley Antiterrorista “dependerá de los antecedentes”.
El presidente de la organización, Patricio Santibáñez, calificó la postura como contradictoria:
“Es incomprensible que el propio ministro reconozca un acto terrorista y se niegue a aplicar la Ley Antiterrorista. Esa ley fue aprobada precisamente para estos casos, para dar más fuerza al Estado y optimizar las investigaciones. No usarla es darle aire al terrorismo”.
De acuerdo a los registros de la Multigremial, desde la entrada en vigencia en febrero de la nueva normativa se han perpetrado 23 atentados en la región, pero el Ejecutivo la ha invocado únicamente en dos ocasiones. La primera, tras un ataque incendiario en Rucalhue, habría coincidido con presiones diplomáticas del Gobierno de China, ya que la central hidroeléctrica afectada estaba vinculada a capitales de ese país.
“Ese dato es brutal. Significa que el Estado renuncia a la herramienta más moderna que tiene para enfrentar el terrorismo y cuando el Gobierno omite su uso, se vuelve cómplice por inacción”, sostuvo Santibáñez.
La organización recordó que la nueva legislación faculta al Ministerio Público para perseguir la asociación terrorista, ampliar las penas y utilizar técnicas de investigación avanzadas como interceptación de comunicaciones, infiltración de agentes y coordinación judicial especializada, medidas que –afirmaron– son imprescindibles para desarticular grupos armados que operan con munición de guerra en la región.
La Multigremial fue enfática en señalar que los hechos de Victoria constituyen un homicidio y un homicidio frustrado con armas de guerra, suficientes para aplicar la normativa. “Cada día de demora fortalece a los violentos y debilita a Chile. La meta es clara: cero atentados terroristas. Ni uno más”, enfatizaron.