Aumenta en 70% recuperación de vehículos con encargo policial en zona lacustre

Se han detectado variantes respecto a la estafa derivada de la venta de vehículos robados/clonados bajo la premisa de “prenda” con documentación falsificada

La recuperación de vehículos que han sido robados en diversas partes del país, es uno de los trabajos que ha posicionado a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Villarrica como referentes en esta labor en la zona lacustre, por lo que han intensificado el trabajo en la zona para abordar este delito.

Al terminar el año 2022, esa unidad de la PDI (Policía De Investigaciones) concretó seis procedimientos en flagrancia por recuperación de vehículos motorizados. Pero esta cifra no era acorde con la realidad del delito a nivel nacional, por lo que “se inició un trabajo de estudio y análisis delictual, revisando la cantidad de delitos ingresados al Ministerio Público, la cantidad y perfil de los imputados por receptación y/o robo de vehículo motorizado, la ubicación y vigencia de bandas organizadas o delincuentes de la zona, sumado a los reportes de la Oficina de Análisis dependiente de la Prefectura Cautín, y principalmente, a los antecedentes recopilados de propia iniciativa por los oficiales investigadores de esta unidad”, señaló la subprefecta Maricel Torres, jefa de la Bicrim Villarrica.

Por lo anterior, desde marzo del 2023, aplicaron un modelo de trabajo basado en una agrupación de detectives dedicados a la recuperación de vehículos robados, aumentando a veinte los procedimientos en flagrancia por delitos de receptación y/o robo de vehículos motorizados a diciembre del mismo año -vehículos con encargo vigente recuperados y personas detenidas en flagrancia-, y en los primeros cuatro meses de este año, ya van diez procedimientos con resultados positivos, lo que se traduce en un 70% de aumento respecto al año 2022, y una proyección de aumento de al menos un 20% respecto al año 2023.

“El modelo de trabajo aplicado no habría tenido éxito sin la vinculación estratégica con las Direcciones de Seguridad Pública de las municipalidades de Villarrica y Pucón, ya que a través de ello hemos podido acceder al uso de herramientas tecnológicas para la lectura de patentes”, agregó la subprefecta Torres.

ANÁLISIS POLICIAL

Según las investigaciones, la jefa de la Bicrim Villarrica señaló que, se ha podido determinar cómo funcionan las bandas detrás del delito -que genera ingresos de cientos de millones de pesos producto de la actividad ilícita-, y que demuestra organización y definición de roles, constituyéndose en un fenómeno delictual que debe ser abordado de forma diversa, desde su origen (en lo que se conoce popularmente como “encerrona” y/o “portonazo”), hasta la modificación del vehículo (clonación) y finalmente la venta (estafa y/o receptación).

Otro punto destacado por la oficial jefa de la PDI Villarrica es que la persecución penal fluyó desde la mejora de las técnicas de detección de vehículos clonados, esto por la experiencia del oficial investigador, la inspección visual y el uso de tecnologías, hacia la ubicación de lugares de acopio o escondites de vehículos robados. “Se efectúan monitoreos mediante dron, servicios de vigilancia selectivos, además de un acercamiento con la Fiscalía de Flagrancias y Primeras Diligencias, que nos ha permitido un perfeccionamiento de los procesos, seguimiento de las causas por receptación y monitoreo de los imputados en caso de reincidencia”, añadió la jefa de la Bicrim Villarrica.

Las variantes respecto a la estafa derivada de la venta de vehículos robados/clonados bajo la premisa de “prenda” con documentación falsificada, ha llevado a la PDI de Villarrica a efectuar un trabajo transversal con las Notarías y Direcciones de Tránsito de la jurisdicción con el objeto de detectar el delito en su fase inicial.

La jefa de la Bicrim Villarrica finalmente, indicó que el éxito de la aplicación del modelo de trabajo se ha reflejado en más y mejores elementos aportados al Ministerio Público respecto a la configuración del delito de receptación, permitiendo que sobre el 90% de los detenidos hayan pasado a control de detención y formalización.