El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco emitió este martes la sentencia para Héctor Llaitul, quien fue hallado culpable de delitos de usurpación violenta de predio, hurto simple y atentado contra la autoridad, todos ellos tipificados en la Ley de Seguridad del Estado.
El tribunal determinó una pena de 23 años de prisión para el comunero, además del pago de 26 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por los delitos cometidos. La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía había solicitado penas que sumaban 25 años de reclusión.
El juez relator Jorge González detalló la sentencia impuesta: 15 años como autor de delito consumado y reiterado contra el orden público, contemplado en la Ley de Seguridad del Estado; cinco años como autor del delito consumado de hurto (más el pago de 11 UTM); y tres años como autor del delito consumado de atentado contra la autoridad.
El hurto y la usurpación violenta, por los cuales fue condenado, ocurrieron en la Forestal Arauco, siendo esta la base de su condena y la imposición de 15 UTM adicionales.
Llaitul había estado en prisión preventiva desde agosto de 2022, tras ser detenido por una querella presentada durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera por el entonces intendente Víctor Manoli y el Ministerio del Interior dirigido por Gonzalo Blumel. Los 21 meses que estuvo en prisión preventiva serán descontados de su pena.
Cuatro meses después de su detención, el Ministerio Público presentó su acusación. Durante el juicio, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, acusó a Llaitul de incitar a la violencia, señalando que “se registraron aproximadamente 54 hechos de violencia, consistentes en ataques incendiarios, desde enero de 2020 hasta mayo de 2022, abarcando las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y los Lagos, con evidencia documental y testimonial relacionada con la Coordinadora Arauco Malleco”.
Antes de conocer el veredicto, Llaitul había solicitado “absolución y justicia”, expresando que de ser condenado, el conflicto mapuche persistiría.
La sentencia se dio en un contexto de alta seguridad en la Macrozona sur, ante la posibilidad de represalias violentas en la región. El comité policial regional se mantuvo en alerta roja, con un despliegue máximo de fuerzas militares y un incremento en el patrullaje y los controles.
