La Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de La Araucanía para acelerar la preparación del juicio oral por el secuestro calificado de dos personas en Collipulli, e instruyó al tribunal de garantía realizar la audiencia dentro del plazo legal.
El delito ocurrió en junio de 2021 en Collipulli. Una de las víctimas logró escapar después de estar 10 días en cautiverio, en los cuales fue sometido a toda clase de vejámenes y torturas. La segunda, un mecánico de 46 años, fue asesinada y su cuerpo fue luego desmembrado y quemado.
La Fiscalía presentó acusación por estos hechos el 22 de julio de 2022, solicitando en el escrito la pena de presidio perpetuo para 9 de los 12 acusados, la mayoría de ellos integrantes del clan familiar Ancalaf, de la comunidad Choin Lafkenche.
Pese a que la ley establece que la preparación de juicio debía realizarse en un plazo no superior a 35 días desde que se presentó la acusación, dicha audiencia ha sido suspendida en 8 ocasiones por solicitudes de las defensas. Y en la última suspensión, ocurrida el 7 de marzo, el juez de garantía de Collipulli reprogramó la audiencia para el 4 de julio, justificando el desfase de casi 3 meses en la complejidad de la causa y la agenda del tribunal, lo que fue apelado por la Fiscalía, por estimar que aquello favorecía la estrategia dilatoria que adoptado los imputados a lo largo de este proceso.
Roberto Garrido, fiscal regional de La Araucanía, quien alegó el recurso, valoró lo resuelto por el tribunal de alzada. “Nos parece importante que la Ilustrísima Corte de Apelaciones haya ordenado fijar una audiencia dentro del plazo legal, reconociendo de alguna forma que hay una dilación injustificada en la tramitación de este caso, afectando no sólo los derechos de las personas que desde hace mucho tiempo están privadas de libertad, sino que también el derecho que tienen las víctimas de poder resolver la situación que les afectó y encontrar a través de la realización del juicio y la dictación de la sentencia una forma de término también al delito que las afectó” .
El fiscal regional destacó que el tiempo que se ha perdido por las suspensiones de audiencias es de casi dos años, que es el doble del tiempo que tuvo la Fiscalía para investigar y presentar la acusación. “Nos parece que no hay una proporción entre la obligación que pesa sobre el órgano persecutor, en el sentido de poder realizar la indagatoria dentro de un plazo acotado, y todo el tiempo que es necesario posteriormente para realizar la preparación de juicio. En la práctica este proceso ha estado prácticamente dos años suspendido, porque no ha avanzado desde la presentación de la acusación a la siguiente etapa que es la realización del juicio oral”, puntualizó.
