Someten a encuesta pública las capacidades profesionales de Carabineros

La percepción de que existirían riesgos en el uso de armas de fuego sin reglas claras por parte de Carabineros es alta en todos los segmentos etarios.

La empresa de investigación de mercados Ipsos lanzó su más reciente informe “Claves Ipsos”, en el que encuestó a varios chilenos para conocer la opinión respecto de la situación que vive Carabineros de Chile y las expectativas por la aprobación de la llamada «Ley Naín-Retamal«.

Mientras que 30% cree que Carabineros está poco preparado para combatir el tipo de delitos que actualmente ocurren en el país, 41% piensa que la institución está muy o bastante preparada para hacerle frente a la delincuencia actual.

Respecto a las principales deficiencias o problemas que tiene Carabineros de Chile para enfrentar el actual tipo de delitos en el país, un 57% considera que faltan recursos, un 52% indica que faltan atribuciones para hacerle frente a la delincuencia y un 46% opina que hoy no tienen unidades verdaderamente especializadas en crimen organizado. Por otro lado, solo un 1% piensa que Carabineros no tiene ninguna deficiencia o problema para enfrentar el crimen en el país.

Un 56% de las y los encuestados piensa que Carabineros cuenta con la colaboración de la ciudadanía para realizar su labor de combatir el crimen del país. Le sigue el Gobierno y la prensa nacional, ambas con un 37% de personas que creen que estas colaboran con Carabineros. Finalmente, Fiscalía o Ministerio Público correspondió a la institución en que se observa en menor colaboración (29%).

En lo referente a la Ley Naín-Retamal, el 85% respalda el derecho a la legítima defensa privilegiada para Carabineros. Esta opinión es general a todos los segmentos, aunque el apoyo es menor entre la juventud (77%) y entre las personas que se clasifican en la izquierda (66%).

También se dio a conocer que un 89% cree que Carabineros debe tener reglas claras sobre el uso de la fuerza, especialmente con respecto a sus armas de fuego. Pero, al preguntar si actualmente Carabineros tiene reglas claras la opinión está dividida: 39% piensa que así es, mientras que un 42% opina que no tienen reglas claras sobre el uso de fuerza, especialmente en el caso de su arma.

A lo anterior se agrega que 81% piensa que existe algún tipo de riesgo en el uso de armas de fuego sin reglas claras por parte de Carabineros, siendo las principales amenazas que personas inocentes se vean afectadas (33%) o que el oficial no sea capaz de identificar si la situación amerita o no emplear su arma (29%). Por otro lado, solo un 15% considera que no existe ningún riesgo asociado. La percepción de que existirían riesgos en el uso de armas de fuego sin reglas claras por parte de Carabineros es alta en todos los segmentos etarios, sin embargo, es superior entre los jóvenes de 18 a 29 (88%).

Cuando se consulta a las personas encuestadas si les produce algún grado de temor la posibilidad de estar en contacto con un funcionario de Carabineros en el futuro, considerando esta nueva atribución del uso de armas como legítima defensa privilegiada, 48% asegura que le daría algo o mucho temor, cifra que aumenta a 58% entre la juventud.

Sólo el 51% de los encuestados cree que la Ley Naín-Retamal ayudará a que Carabineros pueda tener una labor más efectiva en el control y detención de personas sospechosas, mientras un 26% teme que con esto las redes de narcotráfico reaccionarán con un mayor uso de armas para enfrentar a los policías.

El 67% de las personas consultadas considera necesaria una reforma para la institución de Carabineros, cifra que desciende a 49% entre quienes se clasifican como de derecha, y aumenta a 87% en la tendencia de izquierda.

Al informar sobre la reforma en curso de Carabineros, que se basa en cinco principios, y al pedir a los encuestados que ordenen éstos según lo prioritario del cambio en la institución, la transparencia y probidad se instala como primera prioridad con 99 puntos en un índice de 0 a 100 puntos, seguido de medidas para aumentar la eficacia policial con 96 puntos.

En una zona de menor prioridad se instalan la reforma respecto de incorporación de un enfoque de Derechos Humanos para prevenir y combatir el delito (67 puntos) y el enfoque de género en la institución y en el combate del delito (60 puntos). Mientras que el cambio menos prioritario en opinión de la ciudadanía es la subordinación de la institución a la autoridad civil (53 puntos).

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Por Sergio Peña Herrera