Fiscalía de Angol formalizará a concejala por caso de apropiación de dineros de comités habitacionales

Audiencia podría realizarse en agosto o septiembre.

La Fiscalía de Angol solicitó al Tribunal de Garantía una audiencia para formalizar la investigación en contra de la concejala Bernarda Valenzuela, por los delitos de apropiación indebida de dineros y estafa, lo que habría afectado a personas de los comités Renacer, Quelentaro, Los Poetas y Willimapu entre los años 2017 y 2018.

El fiscal a cargo de la causa, Carlos Cornejo Martínez, solicitó al tribunal la audiencia correspondiente, la cual, de acuerdo a los plazos normales, podría llevarse a cabo en agosto o septiembre próximo.

Cornejo manifestó que “esta ha sido una investigación desformalizada que se inició por la denuncia de las personas afectadas, la cual se ha extendido por un largo tiempo debido a la gran cantidad de antecedentes que deben reunirse, entre ellos documentos y testimonios de cada uno de los afectados”.

El fiscal agregó que “los montos investigados en este delito superan los 60 millones de pesos, lo cual no es menor, ya que la mayoría de quienes integraban estos comités correspondían a personas de escasos recursos que con mucho esfuerzo intentaron reunir los fondos para adquirir su casa propia, lo que se ha visto dificultado por la comisión de este ilícito”.

Asimismo, comentó que la formalización se llevará a cabo solo en contra de la concejala, aunque no descarta que a medida que transcurra la investigación y aparezcan nuevos antecedentes, también puedan haber más imputados.

Las diligencias que se llevaron a cabo en torno a este delito, fueron realizadas por la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones de Angol en conjunto con la Fiscalía y la solicitud de audiencia de formalización fue ingresada este jueves al Tribunal de Garantía de Angol, el cual ahora deberá fijar hora y fecha para notificar a los intervinientes.

REACCIONES
Los primeros en conocer la decisión de la Fiscalía de formalizar a la concejala fueron los presidentes de los comités denunciantes, quienes reaccionaron de buena forma, tras cerca de un año y medio de investigación.

Alejandra Durán Soto, presidenta del comité habitacional Quelentaro, manifestó sentirse contenta con este nuevo paso, ya que es lo que esperaban desde hace mucho tiempo. “Lo que nosotros queremos es que ella pague por lo que hizo. Quizás no vamos a lograr recuperar nuestros dineros, pero existen otras formas que se haga justicia en este caso. No queremos que esta persona vuelva a ser parte de un comité o que sea autoridad, con eso ya estamos conformes”, aseguró. Este comité cuenta con 72 socios, todos ellos afectados por diferentes montos.

César González, presidente del comité Renacer, que agrupa a 160 socios, manifestó que “Estamos conformes y tranquilos por la finalización de un proceso que duró mucho tiempo y que por momentos inquietó a nuestros socios. Ahora se inicia otra etapa la que esperamos nos siga beneficiando. Nosotros siempre estuvimos en contacto con el fiscal conociendo los avances y sabíamos que estaba haciendo un trabajo exhaustivo y prolijo. Ahora con la formalización queda demostrado que nosotros no estábamos mintiendo ni inventando nada y que cometimos el error de confiar en ella sin cuestionar nada y sin pensar que estaba haciendo mal uso de nuestros dineros”.

Dominique Inostroza, presidenta de la agrupación “Génesis”, que se formó con 30 socios de los comités Willimapu y Los Poetas, cuyas directivas no han querido denunciar, aseguró que “nos parece bien. Nosotros siempre hemos estado atentos a lo que ocurría y ahora ya estamos más tranquilos porque se va a concretar la formalización. Durante todo este tiempo que duró la investigación nosotros tampoco estuvimos de brazos cruzados. Viajamos a Santiago a reunirnos con el Ministro de Vivienda, tuvimos reuniones en Temuco, realizamos incluso una protesta porque considerábamos que los plazos se habían extendido demasiado y siempre estuvimos haciendo presión. Lo que nosotros queremos es que se haga justicia, nada más”.

Inostroza añadió que si bien se habla de $60 millones defraudados, esta cifra podría ser considerablemente mayor, debido a que son cerca de 200 personas más las afectadas de los comités Willimapu y Los Poetas, quienes no han denunciado el hecho.

Por Rodrigo Zurita.