Escribe: Ricardo Irarrázabal, subsecretario de Energía.
Recientemente, el Ministerio de Energía recibió el Premio “Líder en Participación Ciudadana” que entregó la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, reconociendo el proceso participativo que realizamos durante este año en todas las regiones del país, y que sirvió para complementar el Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera en materia energética y dar forma a nuestra agenda para estos cuatro años a través del documento la “Ruta Energética 2018-2022”.
La decisión de llevar a cabo este proceso participativo buscaba no un “mero cumplir”, sino que apuntaba genuinamente a levantar inquietudes ciudadanas, priorizarlas y poder darles respuesta desde el punto de vista de las políticas públicas.
En este sentido, la participación ciudadana no solo es un aporte por el ejercicio que ella implica, sino que por su contribución a mejores políticas públicas que impacten directamente en la calidad de vida de las personas. Por otra parte, permitió entender que la sociedad civil es mucho más amplia de lo que usualmente se cree, ya que ella involucra a todos los cuerpos intermedios, incluyendo la academia, organizaciones sociales, juntas de vecinos, gremios, etc., o sea, todas aquellas agrupaciones que no sean el Estado y que permiten entender genuinamente el papel subsidiario de este y su rol de servicio a las personas.
Ahora, para una participación ciudadana que refleje verdaderamente la situación real del país, resulta fundamental que ella se lleva a cabo en forma descentralizada. Es por esto que hemos iniciado un programa pionero de implementación de consejos de la sociedad civil a nivel regional.
La ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública introdujo un mayor protagonismo de la sociedad civil. Sin embargo, la práctica de la Administración ha tendido a centralizar, por razones de eficiencia y eficacia, los consejos a nivel central.
A medida que alcanzamos la década de vigencia de las reformas de la Ley 20.500, y con la convicción de que parte importante del desarrollo se juega en contar con mejores políticas públicas, se hace indispensable abrir nuevos espacios de diálogo que puedan nutrir las decisiones con un enfoque regional.
Así, descentralizar la instalación de consejos de la sociedad civil aparece como un nuevo horizonte en el desarrollo y ampliación de las instancias de participación ciudadana.
Es en esta senda que el Ministerio de Energía ha comenzado a implementar, de manera piloto, en las regiones de Valparaíso, Araucanía, Los Ríos y Magallanes y Antártica Chilena, consejos de la sociedad civil regionales, con la convicción de que la descentralización en la participación ciudadana permite crear redes de trabajo potentes e influyentes a nivel regional en sinergia con las instancias nacionales. Asimismo, estos consejos permitirán una gestión proactiva en el territorio y contar con una nueva instancia regional de rendición de cuentas.
De este modo, no solo se amplían y profundizan las instancias de participación ciudadana, sino que se implementa una metodología de gestión pública cercana a la ciudadanía a nivel regional y territorial, fortaleciendo el rol que ella juega en la gestión y modernización del Ministerio de Energía.
Así, los consejos de la sociedad civil son instancias que están llamadas a cumplir un rol articulador de los cuerpos intermedios con el Estado. Al abrir las instancias regionales se abre también un enfoque territorial que lleva a políticas públicas más efectivas y construidas bajo la lógica de responder a las necesidades de las personas.
Precisamente porque el Estado está al servicio de las personas, es que iniciativas como los consejos de la sociedad civil regionales buscan liderar la modernización energética con sello ciudadano.
