El director regional de Serviu Araucanía, Hugo Cruz , interpuso en la Fiscalía de Angol, una denuncia por el eventual delito de estafa en contra de quienes resulten responsables frente a una serie de presuntas irregularidades y cobros improcedentes que habrían sido efectuados por una concejala y algunas personas de dos comités de vivienda de esa comuna.
De acuerdo al detalle de la denuncia, “este servicio, a través de información proporcionada por un grupo de personas de comités habitacionales de Angol, siendo uno de ellos denominado Génesis Uno, toma conocimiento de una serie de hechos que, a nuestro entender, revisten el carácter de delito. Estos hechos se traducen en cobros improcedentes efectuados por la concejala Bernarda Del Pilar Valenzuela Aburto en conjunto a otras personas que integran la directiva de los comités Wiji Mapu y Los Poetas de Chile”, afirmó.
De acuerdo a lo expresado por las familias afectadas, en la denuncia presentada se expresa que “concertados con y en el domicilio de doña Bernarda, ya singularizada, hacían reuniones en las cuales esta última ostentaba su calidad de concejala municipal y que en virtud de ello tenía múltiples contactos para ayudarlos a solucionar sus problemas habitacionales, por lo cual, luego de ganarse su confianza, les pidió grandes sumas de dinero a miembros de esos comités habitacionales para poder comprar un terreno, con la supuesta finalidad de ejecutar un proyecto habitacional el cual siempre ha sido inexistente ante nuestro servicio, realizando cobros improcedentes…”.
“Nos hemos puesto a disposición de la fiscalía para que se investigue. Nos interesa primero resguardar los intereses de todas las familias de La Araucanía y que se determinen las responsabilidades. No se pueden hacer cobros indebidos, tenemos antecedentes de transferencias bancarias, la suma total de todos los recursos comprometidos alcanzaría aproximadamente los $60 millones. Hay reuniones que han sido concertadas en domicilios particulares, se habla de cambio de destino de terreno, de un terreno que ni siquiera está en el banco de proyectos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo o de Serviu, tampoco ha habido participación de profesionales nuestros”, precisó el director de Serviu Araucanía, durante la presentación de la denuncia.
“Protocolo de traspaso”, “escrituración” y “corredor de propiedades”, eran algunos de los conceptos que los afectados denuncian habrían sido utilizados para los eventuales cobros inexistentes de “adquisición de terrenos” que, según los registros del Servicio de Vivienda y Urbanización actualmente no existen en su banco de datos.
El Serviu recordó que esta denuncia se suma a la presentada en agosto de 2018 por Dominique Inostroza, ex integrante de uno de los comités afectados, quien develó las eventuales irregularidades al sostener que “nosotros cuando descubrimos esto se nos vino el mundo abajo, pensamos que la gente se nos iba a venir en contra de nosotros. Ella hacía las reuniones, los contactos, jamás nos dejó a nosotros hacer un contacto, jugó con la ilusión de 232 familias, da pena, da rabia e impotencia todo lo que nos tocó vivir”.
Tras ser presentada la denuncia ante la Fiscalía, el Servicio de Vivienda y Urbanización de La Araucanía se encuentra a la espera de los resultados que arroje la investigación del Ministerio Público, entregando toda la colaboración que sea necesaria a la Fiscalía para esclarecer la situación que actualmente enfrenta este grupo de familias de Angol.