Menor inversión y pérdida de fuentes laborales será el efecto de la violencia según los contratistas forestales

Gremio señala que son 12 las medidas de protección vigentes en faenas forestales, de las 300 indicadas en Comisión de DD.HH. en el Senado.

Desde la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca el 14 de noviembre pasado, tres han sido los ataques sufridos por empresas contratistas forestales en Collipulli, Cañete y Curanilahue, esta última con una pérdida de $300 millones en maquinaria.

Desde este gremio afirman que desde que comenzaron a ser amedrentados en 2014, suman 116 atentados incendiarios, 362 equipos destruidos, 82 empresas afectadas y US$62 millones en pérdidas. Milagrosamente no han tenido que lamentar vidas humanas señala el gerente de la Asociación que los representa, Acoforag, René Munoz Klock “con lo que se ha visto últimamente, todos los contratistas forestales están resignados a que los ataquen en cualquier momento” explicó.

Muñoz agregó que el sector se siente desprotegido y que lo señalado por el general director de Carabineros, Hermes Soto ,en la Comisión del Senado que investiga la violencia en la región de La Araucanía y en la Provincia de Arauco, no debe ser mal interpretado, “de las 300 medidas señaladas, solo 12 son en faenas forestales en las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Lagos”. Agregó que este año empresas contratistas han sufrido 37 ataques donde se amenaza con escopetas a trabajadores y se incendian equipos forestales de alta tecnología.

Sobre los apoyos estatales para recuperar capital de trabajo, Muñoz indicó que “el Estado nos ofrece un crédito que cualquier empresa puede obtener en el banco. No es un instrumento útil que pudiera verse como una posibilidad de compensación por las pérdidas sufridas. Los seguros privados no cubren toda la pérdida y las primas que se pagan son altas por el riesgo en la zona, he hecho hay seguros que han quitado coberturas arbitrariamente”.

Debido a esta situación, Muñoz aseguró que ya se han perdido puestos de trabajo por reestructuraciones que las contratitas deben realizar por efectos de atentados. Además manifestó la preocupación por el ambiente laboral de extrema inseguridad que puede aumentar la accidentabilidad en el bosque y el que empresas contratistas ya no puedan salir a trabajar en regiones afectadas.