Mediante un oficio enviado al director nacional de la Superintendencia de Educación, Cristián O’Ryan, la senadora Carmen Gloria Aravena expuso la situación que enfrentan los tres mil alumnos del emblemático el liceo Camilo Henríquez de Temuco, quienes han visto suspendidas sus clases online desde el 9 de marzo, producto de la primera huelga legal en los 39 años de existencia del colegio particular subvencionado con financiamiento compartido.
Al respecto, la parlamentaria explicó que, en septiembre de 2019, el Sindicato de Trabajadores intentó llevar a cabo una negociación colectiva, no obstante, la “Corporación Educacional El Bosque”, entidad que administra el establecimiento desde julio de 2016, se ha negado reiteradamente a negociar y tras judicializar el conflicto no ha cumplido resoluciones de distintas instancias judiciales.
“Nos preocupa de sobremanera esta situación que le hemos planteado a la Superintendencia. El Liceo Camilo Henríquez es un establecimiento de larga tradición no sólo en Temuco, sino en toda la región, representando desde su fundación, la oportunidad que tuvieron miles de jóvenes de convertirse en profesionales, gracias a la excelencia académica y calidad humana de sus profesores”, aseveró Aravena.
Asimismo, añadió “nos llama profundamente la atención que el sostenedor indique que se ve impedido de cumplir con las demandas planteadas por el sindicato debido a que enfrenta una profunda crisis económica. Esto no es menor, puesto que la Corporación ha señalado que su financiamiento proviene en un 70% del Estado y que se mantiene un copago de alrededor de $60 mil pesos por alumno”.
Eugenio López, presidente del Sindicato de Trabajadores del Liceo Camilo Henríquez, explicó que cuando el plantel es traspasado a la Corporación Educacional El Bosque, en el marco de la entrada en vigencia de la ley 20.845, quedó establecido que en conformidad con la regulación vigente, se debían respetar los contratos y compromisos adquiridos por su antecesor legal.
“En el 2017 la Corporación tuvo que respetar el acuerdo que obtuvimos de la negociación colectiva anterior, donde se acordaron beneficios con cargo a diversas partidas. Además, ese mismo año hubo un pronunciamiento de la Superintendencia de Educación respecto al uso de recursos del ítem fines educativos. Eso esperamos, un nuevo pronunciamiento y mayor fiscalización”.
Finalmente, la senadora Aravena hizo un llamado al sostenedor para lograr un acuerdo con los trabajadores, además de reponer una serie de beneficios a los que antes accedían los estudiantes, pensando en el bien superior de la educación de los jóvenes y el prestigio de un establecimiento tradicional para La Araucanía.
“Antes de que se traspasara el establecimiento en el 2016, los jóvenes accedían a becas según su rendimiento académico, lo que implicaba una gran ayuda para las familias que aspiran a una educación de calidad. Considero, de acuerdo a lo que me han señalado algunos padres y apoderados, que ha existido un desmedro no sólo respecto a incentivos de los trabajadores, sino también respecto de la educación de los jóvenes”, puntualizó.
