Descentralización de las finanzas públicas

Escribe: Marco Antonio Vásquez, ingeniero comercial, contador público y auditor;  director carrera Contador Público y Auditor, Universidad de la Frontera.

¿Se imaginan la existencia de recursos para las regiones que puedan ser administrados sólo por ellas? ¿Te imaginas que las regiones puedan tomar sus propias decisiones en materias de asignación de recursos dentro de sus límites geográficos?. Este es uno de los desafíos que no pueden quedar fuera de la conversación de la nueva carta fundamental. Hay que descentralizar las finanzas públicas.

El profesor José Yáñez, investigador del Centro de estudios Tributarios de la Universidad de Chile ya daba indicios del camino que debería seguir Chile para lograr lo antes mencionado. Manifiesta que para conseguir lo anterior es necesario que se deleguen mayores atribuciones y financiamiento necesario a las regiones.

Para los que vivimos del día a día en la Región identificamos otro de los ladrillos de este gran muro de la exclusión en Chile: La distribución, de manera desigual, de los recursos entre regiones. Esta forma de actuar va generando la inequidad y aumentando la desigualdad.

La tradición de nuestro país de ser un Estado Unitario, ha ocasionado que las autoridades del nivel central piensen, equivocadamente, que en regiones no existen buenos tomadores de decisiones, que no están las capacidades instaladas para la delegación de atribuciones y, lo que es peor aún, no existe confianza en que se tomarán mejores decisiones a nivel descentralizado.

Para lograr la descentralización de las Finanzas Públicas existen muchas fórmulas, pero puede que algunas de estas no sean adecuadas para nuestra realidad territorial. Tenemos que consideran en nuestro análisis la riqueza de los territorios, la especialización de la mano de obra, el capital humano y cultural, los recursos naturales, tipo y tamaño de empresas, entre otros. Observarán que todos lo anterior está distribuido de manera desigual por nuestro territorio nacional.

Un buen ejemplo a seguir podría ser el del Impuesto Territorial (Ley 17.235), en este se determina un impuesto a los bienes raíces sobre su avalúo fiscal. De lo recaudado se destina el 60% al Fondo común municipal (FCM) y el 40% constituye ingreso propio de cada municipio (AFD). El monto que va al FCM se destina luego a comunas de acuerdo a un indicador de vulnerabilidad de estas.

Acá esta una de las soluciones, deberá existir un fondo nacional que financie transferencias incondicionales hacia las regiones, resguardadas por un criterio de equidad que no incremente la desigualdad. Otro tema será de dónde y cómo obtenemos esos recursos.